DERECHOS HUMANOS Y SURGIMIENTO DE UNA POLÍTICA
HOMOSEXUAL
EN ARGENTINA Y URUGUAY (1983-1989)
Diego Sempol*
* Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.
Correo electrónico: sempoldiego@gmail.com
Resumen
Los procesos de reconstrucción democráticos en Argentina (1983-1989) y Uruguay (1985-1989) abrieron debates sobre la sexualidad y las relaciones de género que habían sido postergados durante los regímenes militares. Fue en ese contexto que surgieron en Buenos Aires y en Montevideo organizaciones que lucharon por los derechos de homosexuales en el espacio público: la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en 1984 y la Fundación Escorpio del Uruguay (grupo de Acción y Apoyo Homosexual) en 1984 y Homosexuales Unidos (HU) en 1988.
Este artículo busca analizar el proceso mediante el cual la CHA ligó en forma pionera a nivel regional el paradigma de los derechos humanos y la (homo)sexualidad, y cómo esta innovación de marco interpretativo influyó en las organizaciones montevideanas.1 Además, se busca rastrear los desencuentros que tuvieron estas organizaciones homosexuales durante los años ochenta con el movimiento de Derechos Humanos en ambos países, así como comprender los motivos por los que el surgimiento de una política homosexual, pese a utilizar el paradigma de los Derechos Humanos, estuvo ligado en la CHA a posiciones políticas travestofóbicas a diferencia de lo que sucedió con las dos organizaciones montevideanas.
Palabras clave: movimiento homosexual; transición democrática; derechos humanos; Cono Sur
El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín, candidato a la presidencia por la Unión Cívica Radical (UCR), triunfó en las elecciones argentinas con un 52% de los votos, dando fin al régimen militar y también a la hegemonía de cuatro décadas del peronismo. El nuevo gobierno tomó algunos reclamos del movimiento de derechos humanos, creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y la Cámara Federal sometió a juicio a partir de abril de 1985 a las tres juntas militares de la dictadura. La publicación del informe Nunca Más y el juicio a los militares, tuvieron un profundo impacto en la opinión pública y volvieron visibles a nivel social y político los efectos más terribles del terrorismo de Estado. Este proceso se frenó con la aprobación primero de la "Ley de Punto Final" y luego con la de "Obediencia Debida".
La redemocratización uruguaya fue muy distinta a la argentina en la medida en que estuvo mediada por el pacto del Club Naval, un acuerdo entre la oposición y el régimen firmado en 1984 donde se confirmó el retiro ordenado de los militares y la realización de elecciones nacionales. En el acto electoral de ese año (con personas y partidos proscriptos), triunfó el candidato del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, con el 41% de los votos, bajo la consigna "Un cambio en paz". Con el nuevo gobierno, se reinstaló el sistema «partidocrático» (Caetano, Rilla y Pérez 1987)2 y se retomó la subordinación del poder militar a la autoridad civil en un proceso complejo que buscó saldarse con la aprobación de la llamada "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", el 22 de diciembre de 19 863.
La impugnación de la norma desde la Comisión Nacional Pro Referéndum concluyó en 1989 con la derrota del Voto Verde (42,42%) y la consiguiente ratificación de la ley con el triunfo del Voto Amarillo (55,44%) -llamados así por el color de las papeletas que los identificaban-. De esta forma, en Uruguay el tema de los derechos humanos no fue marco fundacional de la nueva democracia y no hubo en la siguiente década ningún tipo de investigación judicial sobre la violación de los derechos humanos durante la dictadura civil-militar.
Fue en este momento fundacional en ambos países que surgieron organizaciones que lucharon por los derechos de homosexuales y lesbianas4 en el espacio público, las que exigieron el cese de la represión policial a la población homosexual y su reconocimiento social, así como toda una serie de derechos o un cambio cultural sistémico. En Argentina, surgió durante esta etapa la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en 1984, mientras en Uruguay se crearon la Fundación Escorpio del Uruguay (grupo de Acción y Apoyo Homosexual) en 1984 y Homosexuales Unidos (HU) en 1988.5 Tanto Escorpio como HU fueron organizaciones mixtas, y la segunda en particular contó con una significativa participación de mujeres y de travestis que ocuparon un rol destacado dentro de la organización.
El gobierno alfonsinista implicó un cambio importante en la estructura de oportunidad (Tarrow 1998) para los homo sexuales, en la medida en que el gobierno llevó adelante un programa de modernización democrática -por ejemplo, el Congreso Pedagógico o la Ley de Divorcio-, eliminó la censura y buscó que tanto la democracia como los derechos humanos se volvieran un marco fundacional del nuevo go bierno. Además, durante esta etapa la Argentina vivió un clima de destape en el que la homosexualidad se tematizó en la prensa, la televisión y el cine argentino (Milanesio 2021).
En cambio, en Uruguay la redemocratización apostó a una fuerte restauración cultural y simbólica, y el tema de los derechos humanos no fue marco fundacional de la nue va democracia y, si bien con el fin de la censura se genera ron mayores libertades, en Montevideo el destape fue un fenómeno muy acotado y el clima cultural moralmente con servador y autoritario (Sempol 2013). Es evidente que estos cambios generaron de todas formas transformaciones en la estructura de oportunidad para Escorpio y HU pero, a dife rencia de Argentina, no hubo una relativa apertura social, cultural y mediática para debatir públicamente aspectos relacionados con la (homo)sexualidad y la discriminación.
A su vez, en Argentina los homosexuales y travestis convi vieron con la aplicación de los edictos policiales6, enfren tando una sostenida persecución policial con numerosos pi cos represivos (Simonetto 2016), mientras que en Uruguay, al no existir ninguna figura jurídica similar, la población homosexual y travesti sufrió mayormente un incremento de la persecución policial durante la dictadura y hacia fines de los años ochenta, cuando se practicaron razzias en los centros de reunión homosexual en aplicación del Decreto no 680/980 (aprobado durante el período autoritario), y que buscaba prevenir el delito y el consumo de drogas.
En este contexto, la CHA ligó en forma pionera el paradigma de los derechos humanos y la (homo)sexualidad, y este marco interpretativo influyó en las organizaciones uruguayas, las que -con diferentes modulaciones- promovieron una visión similar. Siguiendo los planteamientos realizados por Encarnación (2016) y Corrales y Pecheny (2010) se busca de terminar cómo los contextos locales interactuaron durante los procesos de redemocratización con las influencias externas, así como analizar la relación que construyeron estas organizaciones homosexuales con el paradigma de los de rechos humanos y las diferentes formas en que se conformó una política homosexual en ambos países, buscándose con tribuir a la discusión al precisar no sólo los alcances, sino también los límites de este relación y al introducir en clave comparativa el proceso ocurrido en estos dos países, algo que no ha sido realizado hasta el momento en la literatura especializada.
Para la realización de la investigación -que fue parte de mi tesis doctoral- se consultaron fuentes primarias disponibles en el archivo de la CHA y en el Archivo Sociedades en Movimiento (ASM), y se realizaron entrevis tas en profundidad a integrantes de esas organizaciones.
Diego Sempol*
* Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.
Resumen
Los procesos de reconstrucción democráticos en Argentina (1983-1989) y Uruguay (1985-1989) abrieron debates sobre la sexualidad y las relaciones de género que habían sido postergados durante los regímenes militares. Fue en ese contexto que surgieron en Buenos Aires y en Montevideo organizaciones que lucharon por los derechos de homosexuales en el espacio público: la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en 1984 y la Fundación Escorpio del Uruguay (grupo de Acción y Apoyo Homosexual) en 1984 y Homosexuales Unidos (HU) en 1988.
Este artículo busca analizar el proceso mediante el cual la CHA ligó en forma pionera a nivel regional el paradigma de los derechos humanos y la (homo)sexualidad, y cómo esta innovación de marco interpretativo influyó en las organizaciones montevideanas.1 Además, se busca rastrear los desencuentros que tuvieron estas organizaciones homosexuales durante los años ochenta con el movimiento de Derechos Humanos en ambos países, así como comprender los motivos por los que el surgimiento de una política homosexual, pese a utilizar el paradigma de los Derechos Humanos, estuvo ligado en la CHA a posiciones políticas travestofóbicas a diferencia de lo que sucedió con las dos organizaciones montevideanas.
Palabras clave: movimiento homosexual; transición democrática; derechos humanos; Cono Sur
El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín, candidato a la presidencia por la Unión Cívica Radical (UCR), triunfó en las elecciones argentinas con un 52% de los votos, dando fin al régimen militar y también a la hegemonía de cuatro décadas del peronismo. El nuevo gobierno tomó algunos reclamos del movimiento de derechos humanos, creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y la Cámara Federal sometió a juicio a partir de abril de 1985 a las tres juntas militares de la dictadura. La publicación del informe Nunca Más y el juicio a los militares, tuvieron un profundo impacto en la opinión pública y volvieron visibles a nivel social y político los efectos más terribles del terrorismo de Estado. Este proceso se frenó con la aprobación primero de la "Ley de Punto Final" y luego con la de "Obediencia Debida".
La redemocratización uruguaya fue muy distinta a la argentina en la medida en que estuvo mediada por el pacto del Club Naval, un acuerdo entre la oposición y el régimen firmado en 1984 donde se confirmó el retiro ordenado de los militares y la realización de elecciones nacionales. En el acto electoral de ese año (con personas y partidos proscriptos), triunfó el candidato del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, con el 41% de los votos, bajo la consigna "Un cambio en paz". Con el nuevo gobierno, se reinstaló el sistema «partidocrático» (Caetano, Rilla y Pérez 1987)2 y se retomó la subordinación del poder militar a la autoridad civil en un proceso complejo que buscó saldarse con la aprobación de la llamada "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", el 22 de diciembre de 19 863.
La impugnación de la norma desde la Comisión Nacional Pro Referéndum concluyó en 1989 con la derrota del Voto Verde (42,42%) y la consiguiente ratificación de la ley con el triunfo del Voto Amarillo (55,44%) -llamados así por el color de las papeletas que los identificaban-. De esta forma, en Uruguay el tema de los derechos humanos no fue marco fundacional de la nueva democracia y no hubo en la siguiente década ningún tipo de investigación judicial sobre la violación de los derechos humanos durante la dictadura civil-militar.
Fue en este momento fundacional en ambos países que surgieron organizaciones que lucharon por los derechos de homosexuales y lesbianas4 en el espacio público, las que exigieron el cese de la represión policial a la población homosexual y su reconocimiento social, así como toda una serie de derechos o un cambio cultural sistémico. En Argentina, surgió durante esta etapa la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en 1984, mientras en Uruguay se crearon la Fundación Escorpio del Uruguay (grupo de Acción y Apoyo Homosexual) en 1984 y Homosexuales Unidos (HU) en 1988.5 Tanto Escorpio como HU fueron organizaciones mixtas, y la segunda en particular contó con una significativa participación de mujeres y de travestis que ocuparon un rol destacado dentro de la organización.
El gobierno alfonsinista implicó un cambio importante en la estructura de oportunidad (Tarrow 1998) para los homo sexuales, en la medida en que el gobierno llevó adelante un programa de modernización democrática -por ejemplo, el Congreso Pedagógico o la Ley de Divorcio-, eliminó la censura y buscó que tanto la democracia como los derechos humanos se volvieran un marco fundacional del nuevo go bierno. Además, durante esta etapa la Argentina vivió un clima de destape en el que la homosexualidad se tematizó en la prensa, la televisión y el cine argentino (Milanesio 2021).
En cambio, en Uruguay la redemocratización apostó a una fuerte restauración cultural y simbólica, y el tema de los derechos humanos no fue marco fundacional de la nue va democracia y, si bien con el fin de la censura se genera ron mayores libertades, en Montevideo el destape fue un fenómeno muy acotado y el clima cultural moralmente con servador y autoritario (Sempol 2013). Es evidente que estos cambios generaron de todas formas transformaciones en la estructura de oportunidad para Escorpio y HU pero, a dife rencia de Argentina, no hubo una relativa apertura social, cultural y mediática para debatir públicamente aspectos relacionados con la (homo)sexualidad y la discriminación.
A su vez, en Argentina los homosexuales y travestis convi vieron con la aplicación de los edictos policiales6, enfren tando una sostenida persecución policial con numerosos pi cos represivos (Simonetto 2016), mientras que en Uruguay, al no existir ninguna figura jurídica similar, la población homosexual y travesti sufrió mayormente un incremento de la persecución policial durante la dictadura y hacia fines de los años ochenta, cuando se practicaron razzias en los centros de reunión homosexual en aplicación del Decreto no 680/980 (aprobado durante el período autoritario), y que buscaba prevenir el delito y el consumo de drogas.
En este contexto, la CHA ligó en forma pionera el paradigma de los derechos humanos y la (homo)sexualidad, y este marco interpretativo influyó en las organizaciones uruguayas, las que -con diferentes modulaciones- promovieron una visión similar. Siguiendo los planteamientos realizados por Encarnación (2016) y Corrales y Pecheny (2010) se busca de terminar cómo los contextos locales interactuaron durante los procesos de redemocratización con las influencias externas, así como analizar la relación que construyeron estas organizaciones homosexuales con el paradigma de los de rechos humanos y las diferentes formas en que se conformó una política homosexual en ambos países, buscándose con tribuir a la discusión al precisar no sólo los alcances, sino también los límites de este relación y al introducir en clave comparativa el proceso ocurrido en estos dos países, algo que no ha sido realizado hasta el momento en la literatura especializada.
Para la realización de la investigación -que fue parte de mi tesis doctoral- se consultaron fuentes primarias disponibles en el archivo de la CHA y en el Archivo Sociedades en Movimiento (ASM), y se realizaron entrevis tas en profundidad a integrantes de esas organizaciones.
El artículo inicia con el análisis de la forma en que la CHA, Escorpio y HU relacionaron (homo)sexualidad y derechos humanos y luego aborda el difícil diálogo que sostuvo el movimiento homosexual con las organizaciones de derechos humanos en los años ochenta. A continuación, estu dia cómo la construcción de una política homosexual estuvo asociada en la CHA, a diferencia de Escorpio y de HU, al desarrollo de una estrategia normalizadora que excluyó las expresiones de género no esperadas socialmente y a las personas travestis. El artículo cierra con una serie de reflexiones finales.
Forjando la sexualidad como parte de los derechos humanos
La CHA relacionó de forma pionera en la región la sexualidad y los derechos humanos, luego de una serie de debates colectivos durante 1986 que buscaron dar densidad conceptual a su conocida consigna "El libre ejercicio de la sexualidad es un derecho humano". El objetivo global, fue intentar reinscribir la problemática de los homosexuales en la sociedad argentina desde una perspectiva completamente nueva: la integralidad de los derechos humanos implicaba la inclusión de la sexualidad, ya que la homosexualidad no era una enfermedad ni una aberración y su represión era, por lo tanto, una violación de los derechos humanos.
Esta original articulación, se puede comprender si se la piensa como parte del efecto multiplicador que tuvo el movimiento de derechos humanos durante la transición democrática en el desarrollo de una cultura democrática, humanista y pluralista, y la transformación de este paradigma en un "marco maestro" (Snow y Benfor 1992:138) que proveyó a la CHA de un vocabulario que le permitió construir nuevas ideas sobre la homosexualidad, y definir responsabilidades sobre la situación de persecución policial y de discriminación que se sufría, así como también sugerir soluciones concretas para resolver estos problemas. Asimismo, puede haber generado este cruce de caminos el hecho que varios militantes de la CHA ubicaban a los homosexuales en el lugar de víctimas de la última dictadura argentina, lo que facilitó una visión que reforzaba las similitudes con las víctimas políticas.
En la publicación de la CHA se llegó, incluso, en algunas ocasiones, a homologar -algo irritante para la época- a los detenidos-desaparecidos con los homosexua les asesinados y perseguidos durante el régimen dictatorial. Por ejemplo, a principios de 1985 se explicaba que una de las metas de esta organización era el "esclarecimiento de los crímenes y delitos ocurridos durante los años de la dictadura militar, especialmente aquellos relacionados con las violaciones a los derechos humanos: detenidos-desapa recidos, asesinatos a homosexuales" (Boletín de la CHA n° 3, febrero de 1985:2).
De todas formas, esta equiparación no fue incompatible con la aplicación de criterios de relevancia política diferenciales para ambas cosas en la coyuntura en la que se movía la organización: "el principal tema de derechos humanos en la Argentina fue y es (y lo será en tanto no surjan soluciones lógicas y éticas) la cuestión del genocidio, pues la falta de castigo devuelve al poder militar una preeminencia sobre la sociedad civil que los estimula para nuevas aventuras golpistas" (Documento Plenario sobre Derechos Humanos, 1986). El desafío prioritario para la CHA era transformar la cultura argentina, e instalar definitivamente el respeto del derecho a la vida y al disenso, lo que implicaba orientar el trabajo hacia objetivos de largo aliento, posponiendo en el corto plazo la lucha por las reivindicaciones particulares, una lectura política que tendría efectos importantes al momento de definir la agenda concreta de la organización durante sus primeros años.
A su vez, al inicio este marco interpretativo no fue comprendido con facilidad incluso por los propios homosexuales: "Entre los propios gays ha habido un fuerte impulso a rechazar la idea de que nuestras organizaciones son asociaciones de derechos humanos. ¡Y en la Argentina, no pueden ser otra cosa!" (Vamos a Andar, año 1, n° 1, julio de 1986:11). Gracias a esta mirada se reinscribía la represión de la sexualidad en otra clave, desde la que se podía establecer una política de alianza con otras violaciones de derechos. De ahí que se considerara al represor (al que torturó y asesinó a militantes por razones políticas y al que persiguió en dictadura y en democracia a los homosexuales) como un actor único e indiferenciado: "No nos equivoquemos, no nos llamemos a engaño, la misma mano que torturó, violó y asesinó es la que estampa el sello sobre el 2° h que nos aplican. Vayamos entonces a buscar la verdad" (Boletín de la CHA n° 5, junio de 1985:1).
A su vez, la persecución policial en democracia, pese a que estaba formalmente amparada a través de las figuras contravencionales, era una forma más de vulnerar los derechos humanos y una forma de continuidad del autoritarismo. Los edictos policiales y la Ley de Averiguaciones, además de los abusos que habilitaban, eran denunciados en sí mismos por la CHA como parte de un andamiaje legal autoritario, rémora de medidas inconstitucionales7, lo que permitió des naturalizar la persecución policial durante el alfonsinismo y rotularla como represiva. Las reivindicaciones que llevaron adelante los integrantes de la CHA fundaron las bases de una lucha por el derecho a tener derechos, que buscó su reconocimiento en tanto ciudadanos. Esta innovación en el contexto argentino puede caracterizarse como el desarrollo de una ciudadanía sexual que promovió tanto la creación de un nuevo sujeto político, como toda una serie de reclamos de derechos negativos en el espacio público.
Estas elaboraciones cruzaron el Río de la Plata, e influyeron en forma significativa en las organizaciones homosexuales uruguayas que se crearon al calor de la transición a la democracia. El grupo Escorpio se definió como una organización que luchaba por los derechos humanos. En esta conceptualización de la lucha por la "libertad de elección sexual", como uno de los derechos básicos en la lucha por los derechos humanos (Boletín n° 2, septiembre de 1985), se ve claramente una modulación local de la influencia de la CHA. Como señalaba uno de los entrevistados en la publicación Aquí, "nosotros no tenemos historia, en el Uruguay no hay antecedentes", por lo que el grupo tomaba "como referencia" a la CHA (Aquí, 8 de julio de 1986:23).
Este proceso de enmarcamiento de la sexualidad como un derecho humano fue pionero en Uruguay y marcó a fuego al movimiento homosexual lésbico travesti local, en la medida en que casi todas las organizaciones que se crearon pos teriormente, incluida HU, siguieron esta matriz conceptual dibujada en 1985.
Pero en Uruguay esta relación entre ambos campos no fue elaborada con tanta profundidad, aunque sí ocupó un lugar muy relevante en la documentación y en las declaraciones públicas de HU. Para esta organización, el "derecho a ser homosexual es también un derecho humano" e intentaba trabajar contra la "opresión del ser humano en todas sus facetas" (Aquí Estamos, Boletín HU, noviembre de 1990:1) utilizando la categoría "derechos humanos" en forma genérica para aludir a las condiciones de vida (salud, vivienda, trabajo) y las libertades individuales.
A su vez, Escorpio introdujo una innovación que luego fue reproducida y radicalizada por HU: un intento de desconstrucción del dispositivo de sexualidad (Foucault 1998) que buscaba erosionar las formas clasificatorias de los individuos sobre la base de sus prácticas sexuales, la relación jerárquica entre heterosexualidad y homosexualidad, e incluso la estabilización de esas rotulaciones. De esta forma, la sexualidad en tanto régimen de verdad sobre los indi viduos fue puesta en entredicho, al tiempo que se rechazaban las categorías tradicionales y se señalaba como uno de los objetivos de Escorpio que "la sexualidad no sea el factor que defina la personalidad humana" (Documento Objetivos Fundación Escorpio, 1985), ya que se la consideraba una "opción de vida más".
Siguiendo de cerca esa idea, HU se ñaló como su objetivo pelear por la libertad en general y por la liberación de la sexualidad en particular, como una forma de generar espacios y cambios culturales que permitieran a los individuos "optar": vivir su "opción sexual", "optar por no vivir una doble vida", optar por "nuestra libertad de amar a quien se nos antoje. Libertad de amar, de elegir la opción sexual que satisfaga nuestras necesidades, de expresarnos, de hacer y deshacer en la vida según nuestra propia voluntad y criterio" (Aquí Estamos, año II n° 3, junio-julio de 1991:3). De todas formas, para HU el deseo no estaba subordinado a lo volitivo, sino que lo que se intentaba era politizar todo el proceso personal y social que implicaba su gestión: se podía elegir hacerse cargo o no de esos sentimientos, cómo ellos afectarían la conducta, los vínculos y la visión de la sociedad y la política.
Y es aquí donde la palabra "opresión" cobra todo su significado, en la medida en que la acción política está centrada antes que nada en la lucha por la libertad, en el derecho a ser diferente y no tanto en un discurso asimilacionista. "HU tiene el objetivo de liberar al hombre de esta sociedad opresora y cree que esto sólo puede lograrse aprendiendo a respetar la libertad de los otros. ¡Vivan las diferencias!" (Descubriéndonos, año 1 n° 1, junio de 1989).
Una opresión machista que negaba el placer y la posibilidad de desarrollo personal a todos/as por igual, más allá de la orientación sexual. "Entonces, la nuestra es una propuesta liberadora, porque reivindica nuestro derecho al placer y por consiguiente, el de todos" (Aquí Estamos, noviembre de 1990:2).
Esta reivindicación de la libertad y de las diferencias utili zando el paradigma de los derechos humanos, se dio desde una perspectiva que negaba la ontologización de categorías como homosexual y lesbiana. Por ello, para esta organización, todas las formas de discriminación eran vistas como una sola cosa y los problemas que vivían otros colectivos no eran ya importantes para la organización por motivos de so lidaridad, o porque simplemente se violaban sus derechos humanos -como sucedía en Escorpio- sino porque eran parte del mismo problema que los convocaba a ellos a su acción colectiva: "ser joven no es delito, ser negro no es delito, [...] ser homosexual no es delito, etc. etc.
Todos somos discriminados porque siempre hay una discriminación espe rando" (Aquí Estamos, marzo de 1992:6). Esta visión global, estaba directamente relacionada con el uso del paradigma de derechos humanos y la forma en que se había construido en Uruguay el antagonismo con la Policía. La experiencia política compartida en la Coordinadora Anti Razzias en 1989 (espacio de resistencia a esta forma de control poli cial) permitió a HU dialogar con organizaciones barriales y juveniles, lo que generó un principio de equivalencias entre todos los actores involucrados que llevó a restar peso a las diferencias existentes entre la discriminación por motivos étnicos, de género, generacionales o por identidad sexual, para hacer hincapié en que "ser diferentes" no era sinónimo de delito.
El movimiento de derechos humanos y las organizaciones homosexuales
El trabajo de la Conadep estaba en pleno proceso cuando la CHA comenzó a hacer su ronda de contactos para rela cionarse con los organismos de derechos humanos. En el terreno de la movilización, la articulación fue exitosa: entre 1984 y 1987 la CHA participó activamente, con pancartas y consignas propias, en la mayoría de las manifestaciones públicas organizadas por el movimiento de derechos humanos. La participación en este ámbito, permitió el ingreso a un espacio protegido (sin violencia física ni verbal directa) en un contexto social fuertemente homo-lesbofóbico, don de los militantes pudieron superar sus miedos a través de la experiencia de "darse a conocer" y de ejercitar nuevas formas de socialización desde su identidad sexual.
En las crónicas sobre la participación de la CHA en los actos del movimiento de derechos humanos, aparecen alusiones en este sentido: "Una vez más quedó demostrado que los temores que muchos tenemos de mostrarnos en público son, en su mayor parte infundados: ni el escándalo, ni ofusca ción, ni violencia, ni siquiera indiferencia" (Situación, Grupo Lambada n° 1, mayo de 1985:3-4) o "nos da fuerza, nos li bera del miedo y nos sirve para recargar las pilas gastadas" (Boletín de la CHA n° 12, mayo de 1986:18-20). La existencia de un ámbito de este tipo -a diferencia de lo que sucedió en Uruguay- permitió a la CHA ocupar el espacio público bajo condiciones menos exigentes y riesgosas que si lo hu biera hecho por sí sola, algo que fue decisivo para avanzar en la visibilidad de esta temática8.
Pero fue en la articulación a nivel de ideas con el movimien to de derechos humanos donde aparecieron las mayores dificultades. Aparentemente, el diálogo fue más fácil y rin dió frutos inmediatos con los organismos de "no afectados" (Jelin 2005:517), entre los que se destacó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH): sus autorida des aseguraron a los dirigentes de la CHA que consideraban a la "problemática homosexual" incluida en la problemática general de los derechos humanos9. La APDH incluso invitó a la CHA a adherir y a participar de la Jornada "Efectos psíquicos de la Represión: la dimensión de lo psíquico", que se realizó el 29 de septiembre 1984 en el Centro Cultural General San Martín y a la que asistieron veinte integrantes de la organización homosexual.
Otros organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Ar gentina de Derechos Humanos (LADH) abrieron un legajo a partir de los informes entregados por la CHA sobre los "asesinatos homosexuales", y también en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y el Movimiento Ecuménico por los Dere chos Humanos (MEDH) "la actitud fue favorable, en tanto existe una disposición plena para el tratamiento de la cues tión y su comprensión" (Boletín de la CHA n° 2, diciembre de 1984:1). Sin embargo, el acercamiento a los organismos de derechos humanos no fue fácil y grupos como Madres de la Plaza de Mayo mostraban fuertes reticencias a reconocer a la CHA como un organismo de derechos humanos.
Por ejemplo, como señala Bazan (2004:405), Hebe de Bonafini dejó de escribir en El Porteño cuando las notas de Gumier Maier empezaron a hablar directamente sobre su orienta ción sexual en términos de "no soy gay, sino puto" en los debates públicos que entabló con la CHA por esos años.
Las autoridades de la CHA enviaron una nota a María del Rosario Cerruti -redac-tora responsable- recalcando la ausencia en el artículo de la persecución policial a los homosexuales, la que «nace mucho más atrás de la dictadura y seguramente se extenderá aún durante mucho tiempo más» (Carta de la CHA a Cerruti, 7 de junio de 1985, Archivo SIGLA).
Las tensiones, evidentemente, se generaban debido a que muchos de los integrantes de los organismos reproducían las visiones patologizantes sobre la homosexualidad, y por discrepancias sobre a quién se debía considerar víctima del terrorismo de Estado. Como señala Belucci (2010) el diálogo más fluido con Madres fue a través de Laura Bonaparte, quien gracias a su exilio en México y su experiencia femi nista, mantuvo un apoyo firme y sostenido a los reclamos de la organización.
La primera pelea fue lograr una pertenencia en las organizaciones de derechos humanos, porque nadie nos quería. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con los putos? ¿Qué tienen que ver Madres, Abuelas, Familiares de desaparecidos o el Movimiento Judío con los gays? Te lo planteaban directamente […]. En las reuniones nos miraban con un poquito de asco, un poquito de desconfianza y un poquito de lastima; una mezcla de todas esas cosas. Empezamos a levantar la mano y hablar y a reclamar el lugar. Y empezaron a entender lo que es la represión policial y a partir de ahí tomaron un poco más de conciencia. Pero éramos un argumento que incomodaba muchísimo. La CHA incomodaba (César Cigilutti, comunicación personal, 11 de diciembre de 2010)10.
Esta falta de reconocimiento producía malestar en muchos miembros de la cha y generaba reclamos de reciprocidad en el apoyo a las actividades que se realizaban. Por ejem plo, la organización recibió por el acto conmemorativo del Día Internacional de la Dignidad Homosexual (01 de julio de 1985), la adhesión de la LADH, de la APDH y de Familia res de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. La ausencia de las restantes organizaciones fue tomada como síntoma de ese rechazo y se subrayó entonces la necesi dad de superar los prejuicios y unirse a la lucha: "Las or ganizaciones de derechos humanos deben definitivamente pronunciarse sobre toda violación a los derechos que dicen defender sobreponiéndose al prejuicio que en lo individual aún conservan algunos de sus integrantes y dirigentes" (Boletín de la cha, n.° 6, julio de 1985: 8).
Pero la CHA apostó, de la mano de su dirigente Carlos Jáu-regui, a la estrategia de educar. En un documento escrito para la comisión directiva Jáuregui recordaba que la cha había cometido graves errores en el pasado, fruto de la desinformación, y era esperable que algo similar sucediera con el resto de los organismos históricos del movimiento de derechos humanos.
En 1985 fue planteada en el Consejo de Representan tes de la CHA la adhesión de la Institución a la primera huelga de la CGT […] La respuesta unánime (incluido quien esto escribe) fue negativa. Los trabajadores no contaban para la cha en sus reivindicaciones. Un año y medio después se adhirió a un nuevo paro y desde en tonces hemos adherido a todas las huelgas. […] Aprendimos. Crecimos. Abarcamos nuevas problemáticas.
Nos educamos. De la misma forma, a la inversa, desde la creación de la CHA, los organismos "históricos" van aprendiendo, creciendo, abarcando nuevas problemá ticas, educándose (Documento Informe a la Comisión Directiva "¿Qué tipo de organismo de derechos huma nos es la CHA?", C. Jáuregui, Archivo de la CHA, 13 de junio de 1987)
El fallo de la Cámara Federal (9 de diciembre de 1985) en el juicio a los excomandantes de las tres juntas militares generó un importante cambio de escenario. Como señalan Acuña y Smulovitz, el juicio terminó produciendo la "información legítima sobre lo que había sucedido en los últimos años en la Argentina" (1995:58), proceso que se reforzó aún más con la instrumentación de una política de derechos humanos desde el gobierno. Todos estos episodios promo vieron que el problema de los derechos humanos quedara exclusivamente asociado con el castigo judicial a los responsables de los crímenes por motivos políticos durante la dictadura.
De esta forma, el nivel de realidad y de visibilidad que lograron las violaciones a los derechos humanos por motivos políticos (en particular los detenidos-desapare cidos) nunca se logró por aquellas con fines moralizantes11. Esto contribuyó, junto al escaso peso político de la CHA, a que la asociación entre derechos humanos y sexualidad que promovía esta organización no lograra cobrar una presencia social y política significativa.
La crisis militar provocada por el levantamiento del coronel Aldo Rico en la Semana Santa de 1987, transformó el problema de los derechos humanos en la "cuestión militar" (Acuña y Smulovitz 1995) y facilitó la aprobación de la Ley de Obediencia Debida, que implicó un importante retroceso en el proceso de construcción democrática iniciado en 1983 y una claudicación de uno de los temas insignia del alfonsinismo. Este cambio tuvo una importante repercusión en la relación de la CHA con los organismos de derechos humanos. Su participación en las manifestaciones de apoyo a Alfonsín y su rechazo a la alternativa de que se resolviera en forma política los juicios a los militares implicados, con solidó la relación con el resto de los organismos de dere chos humanos. De hecho, ese año la CHA fue invitada por primera vez a participar en las "reuniones de organismos", espacio de coordinación de las organizaciones considera das "históricas" dentro del movimiento de derechos huma nos en la Argentina.
Pero también la percepción de que iba a ser muy difícil revertir la Ley de Obediencia Debida en el mediano y cor to plazo avivó las discusiones sobre la construcción de la agenda de la CHA, que durante años había priorizado el tema de los detenidos-desaparecidos y la consigna "Juicio y castigo". La apuesta a jerarquizar las reivindicaciones par ticulares comenzó a cobrar peso dentro de la CHA a partir de la llegada a la presidencia de Alejandro Zalazar en 1986, y se volvió dominante luego de la renuncia de Jáuregui a la Secretaría de Derechos Humanos de la CHA a fines de 1987.
A partir de entonces, el trabajo en VIH-Sida que venía llevando adelante la CHA cobró visibilidad y pasó a ser predominante (si bien el trabajo en derechos humanos continuó teniendo importancia), y se produjo así una "rejerarquización de los objetivos" (Kriesi 1999:226-227) frente a la creciente "reestructura de las relaciones externas del movimiento", producida por la aparición de líneas de financiamiento internacional en el área del VIH-Sida.
En Uruguay, con el gobierno de Sanguinetti se produjo una rápida reactivación del funcionamiento partidocéntrico: el presidente estableció un gobierno de "entonación nacional" (Caetano 2005:20) sobre la base de un acuerdo ope rativo con el Partido Nacional (PN) y un diálogo cupular con los partidos políticos con representación en el Parlamento, donde los movimientos sociales -quienes habían tenido un rol clave en el bloque opositor a la dictadura- perdieron peso relativo y capacidad de incidencia. La dirigencia estu diantil, sindical y del movimiento de mujeres fue relegada y sustituida en algunos espacios por viejos cuadros políticos y gremiales (muchas veces de los años sesenta) de los dife rentes sectores de izquierda.
Durante algún tiempo Escorpio consideró al Frente Amplio (FA) como un partido político susceptible de asumir su agenda, pero la izquierda uruguaya reprodujo durante los años ochenta las visiones sesentistas que consideraban a la homosexualidad como una patología (Sempol 2018). Esta falta de apertura a lo nuevo y la intolerancia a lo diferente está relacionada con el proyecto de fuerte homogeneización social del impuso reformista de principios del siglo XX (Filgueira et al. 2003), que terminó cuajando un imaginario social hiperintegrado (Rama 1989) y tendencias autoritarias a nivel microsocial, en una sociedad de cercanías (Real de Azúa 1984) con una escala demográfica reducida, que rigidizaba y promovía la homogenización de los comportamientos antes que el festejo o respeto de la diversidad social.
De esta forma, el escenario para lograr un cambio cultural fue sumamente adverso, ya que, como señala José, quien en 1985 militaba en Escorpio,
…el autoritarismo venía por dos lados; por un lado en lo que había degenerado el batllismo y por otro la izquierda. La izquierda y el batllismo tenían en común un acuerdo en bloquear determinados temas políticos […], pensar la sexualidad como categoría política era imposible, el marxismo no asumía y no podía asimilar eso como una categoría independiente de la lucha de clases, el problema de la legalización de las drogas, el problema de la sexualidad de la mujer, el problema de los negros (José, comunicación personal, 24 de febrero de 2011).
A su vez, la aprobación a fines de 1986 de la Ley de Caduci dad de la Pretensión Punitiva del Estado, marcó a fuego el campo y los debates públicos sobre los derechos humanos en Uruguay durante los siguientes 25 años. A efectos de promover su anulación, se conformó la Comisión Nacional Pro-Referéndum (CNPR), desde la que se convocó a la ciu dadanía a firmar a favor del referéndum. La CNPR logró reunir al conjunto de las organizaciones de derechos humanos, al movimiento sindical, estudiantil y cooperativo, así como a militantes de los diferentes sectores del FA y a algunos grupos que estaban a favor dentro del PN y el PC.
La consolidación de una agenda centrada en la violación de los derechos humanos por motivos políticos y el referéndum, y la exclusión de la temática de la homosexualidad tanto entre las organizaciones sociales de izquierda como entre los partidos políticos, relegaron a un plano subordinado aspectos de la democratización relacionados con la sexualidad y la equidad de género. "El sexo en el Uruguay de hoy es más subversivo que los tupamaros, que ahora son nombrables y matean con nosotros" (Jaque, 1 de octubre de 1986:27). Este punto ciego del sistema político fue de todas formas criticado en algunos de los semanarios más prestigiosos de la época, que señalaban cómo lo homosexual se había vuelto un "símbolo" de "resistencia" contra "los autoritarismos patriarcales homogenizantes de izquierdas y derechas (Jaque, 23 de julio de1986, año III n° 135:24).
En este contexto, Escorpio buscó, sin éxito, iniciar una ronda de contactos con diferentes organizaciones de derechos humanos locales. Fue muy difícil un diálogo de este tipo, ya que, como recuerda Pablo,
Te ponían unas caras de desaprobación y condena. no querían ni hablar. Después de meses de esperar fi nalmente nos pudimos reunir con la gente de Serpaj. Nos dijeron que no podían hacer nada, que no fuéra mos más, que el tema no estaba en la agenda (Pablo, comunicación personal, 26 de febrero de 2010)12.
El clima social y político adverso a la militancia que politizaba la sexualidad restringió fuertemente su campo de acción, dejándolo sin un espacio social y simbólico de actuación, lo que terminó promoviendo una lectura estratégica que posicionó a Escorpio y a HU al margen del sistema político, lo que dificultó su diálogo con el resto de la sociedad y lo llevó a refugiarse en la movida juvenil alternativa que se desarrollaba por esos años en Montevideo.
En 1989 HU acompañó la campaña del Voto Verde (a favor de la derogación de la Ley de Caducidad) y distribuyó en los lugares de encuentro homosexuales y lésbicos volantes en los que se señalaba que los "homosexuales votamos verde", y se explicaba la necesidad de juzgar a los militares responsables de la violación de derechos humanos durante la dictadura. Pero esta participación no impidió que la relación de HU con el movimiento de derechos humanos fuera escasa y estuviera plagada de desencuentros.
En 1989, Clé-ver -un integrante de HU- criticaba en las páginas de Mate Amargo (27 de septiembre de 1989:31) cómo Amnistía Internacional se negaba a acceder al pedido de la Asociación International de Lesbianas y Gays (ILGA) de incluir las reivindicaciones de los homosexuales entre sus reclamos y denuncias, y varios años más tarde HU denunció ante la In ternational Gay and Lesbian Human Right Comission cómo la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos había invisibilizado el caso de M. L., una detenida desaparecida uruguaya lesbiana, una vez que trascendió su orientación sexual en la organización: "empezaron a ignorarla y también a su familia.
Abandonaron todos sus esfuerzos para encontrarla y nunca más llevaron consigo su foto en las marchas que organizaban" (Informe
HU a IGJHRC, 1996).
De esta forma, durante este período -a diferencia de lo que sucedió en Argentina- ni Escorpio ni HU lograron habitar o interactuar dentro del reducido ámbito que conformaron las organizaciones de derechos humanos uruguayas. Esta imposibilidad de diálogo sufrió un cambio recién a mediados de los años noventa, cuando se logró un acercamiento con Luis Pérez Aguirre (sacerdote jesuita clave en el tema de los derechos humanos en Uruguay), y con la publicación de un apartado sobre la situación de homosexuales, travestis y lesbianas en el informe anual que organiza el Serpaj sobre violaciones a los derechos humanos. Además, a partir de 1995 algunos integrantes de HU comenzaron a participar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, espacio en el que confluyeron varias organizaciones.
Los límites de la política homosexual
En la medida en que el objetivo de los dirigentes de la CHA fue lograr la derogación de los edictos policiales, fueron conscientes de que era imprescindible llevar adelante también un debate que desarticulara los estereotipos sociales sobre la homosexualidad que ambientaban y justificaban estas formas de control policial. De esta forma, desde el principio la lucha estuvo acompañada por un esfuerzo de difundir un código identificatorio de homosexualidad alter nativo al hegemónico. La meta fue reintegrar la condición de humano a los homosexuales y facilitar la empatía social ante su problemática, generando condiciones sociales de audibilidad que permitieran al homosexual transformarse socialmente en un ciudadano.
A su vez, para muchos de los integrantes de la CHA los estrechos márgenes que impuso la violencia estatal y social, habían forjado formas de sociabilidad, estrategias, ideas e identidades que confirmaban a nivel subjetivo entre los homosexuales la internalización de los discursos hegemónicos sobre esta orientación sexual y los efectos de la violencia. La construcción y la difusión de un nuevo código identificatorio buscó enton ces también generar una alternativa "liberadora" para los propios homosexuales.
El proceso de pasar del silencio a hablar en voz alta no fue fácil, entre otras cosas porque estaba en construcción un nuevo "nosotros". Todo movimiento social genera, como señalan Zald y Ash (1966:330-31), alguna forma de identidad, pero algunos vuelven esta dimensión un aspecto cen tral mediante la "politización de la identidad personal". En el contexto porteño, los integrantes de la CHA optaron por politizar la identidad social homosexual minimizando diferencias, por lo que aquí se rechazó durante estos años la categoría "orgullo" y se prefirió hablar de "dignidad homo sexual". De esta forma, para luchar por la asimilación tuvieron que constituirse en un grupo especial que enfrentaba reacciones que remitían a sus diferencias, lo que terminaba reafirmando la distinción que quería ser borrada. Una paradoja irresoluble, que Scott (1996) ha analizado en forma interesante con respecto al movimiento feminista.
El acento en la similitud -y no en la diferencia- res pecto al resto de la sociedad, estaba relacionado con la integración y participación de la CHA al proceso de democratización alfonsinista, y desarrolló una lógica reformista (perspectiva que convivió dentro de la organización durante este período con otras posiciones más radicales). La pre dominancia de esta estrategia puede comprenderse por el escenario político y las oportunidades políticas existentes ya que, como señala a nivel teórico McAdam (1999:57), existe una relación entre las demandas de los movimientos sociales y las reformas para la participación aplicadas por el Estado: cuantas más oportunidades se abren, menor es la tendencia a buscar cambios que interpelen al sistema.
Todos estos elementos promovieron un discurso público (y muchas veces privado) que se oponía a los estereotipos sociales hegemónicos y que exigía cumplir con las reglas de juego y la promoción de prescripciones que buscaban volver a cada integrante -y potencialmente a todo homosexual- un modelo ejemplar de ciudadano. De esta forma, la "loca" del modelo mediterráneo fue vista como un ejemplo de reproducción acrítica de lo que se buscaba desmontar, en tanto internalización de los discursos hegemónicos. Jáuregui lo explicaba de esta forma: "Mirá, la represión trae en el hombre homosexual la marica y en la mujer homosexual el bombero. Son los extremos, los estereotipos.
Pero la homosexualidad no otorga caracteres especiales. Hay mujeres superfemeninas y hombres supermasculinos que son homosexuales" (Libre, junio de 1984:70).
Esta visión normalizadora y prescriptiva, como señalan Rapisardi y Modarelli (2001), encarnó -con modulaciones-en muchos militantes, pero fue impugnada por otros entre 1984 y 1987. Tanto el Grupo de Acción Gay (GAG) como el Grupo Federativo Gay (GFG) -las dos organizaciones que tenían mayor continuidad con el Frente de Liberación Homosexual- reivindicaban una apuesta antiasimilacionista y se oponían a la estabilización identitaria, a la normalización y al desembarco del modelo gay en Buenos Aires. Ambas organizaciones participaban de la CHA porque compartían las reivindicaciones del cese de la represión, pero las "chicas" del GAG -como se autodenominaban irónicamente- consideraban su proyecto de liberación como una trampa, ya que "no queremos un permiso para vivir, una piecita al fondo en el petit hotel de las identidades sexuales.
No queremos forjar una identidad gay. Algunos llegan a decir que [...] 'los gays defendemos la familia'" (Diferentes, diciembre de 1984:19). Desde la frase "¡Locas sí, señoras no!" se ironizaba sobre los disciplinamientos que implícitamente traía asociado el proyecto de ciudadanización integracionista de la CHA y el ocultamiento que se intentaba hacer ahora de la "loca".
De esta forma, el criterio rector de lo que era legítimo mostrar, fue político más que moral. La "loca", más que repudiada, fue estratégicamente silenciada y se le pidió que moderara sus gestos corporales en público, porque ya no escandalizaba y a su vez repetía el estereotipo impuesto por la sociedad heterosexista que se combatía. La visibilidad, la pareja estable y el sexo con amor fueron defendidos como la liberación, en oposición a la clandestinidad, a la promiscuidad, a la orgía y al sexo con menores.
También dentro de los grupos excluidos estaba la población travesti, cuya problemática fue vista como "completamente diferente" a la que enfrentaban los homosexuales. Si bien desde el punto de vista normativo a las personas travestis se les aplicaba el 2° F ("transitar por la vía pública con ropas de otro sexo"), y no el 2° H, el problema de fondo era esencialmente el mismo: el intento de ejercicio de formas de dominio sobre corporalidades no heteronormativas por parte de la policía argentina. Pero la CHA incluyó la problemática travesti muy pocas veces en su boletín y cuando lo hizo recalcó que el trabajo a llevar adelante para cambiar el problema lo "tienen que hacer los travestis por ellos mismos", algo que incluía "modificar" la "actitud que suelen tomar ante detenciones" y toda otra serie de recomendaciones prescriptivas que de cumplirse permitirían "dignificar su condición de seres humanos" (Boletín de la CHA n° 11 enero-febrero 1986:15).
El conocido militante y sociólogo Néstor Perlongher denunció desde las páginas de la revista Cerdos y Peces los efectos de esta estrategia de ciudadanización y normalización que "arroja a los bordes a los nuevos marginados, los excluidos de la fiesta: travestis, locas, chongos, gronchos -que en general son pobres- sobrellevan los prototipos de sexualidad más populares" (Perlongher, 1997:33)
Estos límites en la apropiación del paradigma de los derechos humanos que llevó adelante la CHA, estuvieron ligados al desarrollo estratégico de la identity deployment (Bernstein 1997) de tipo educativo,13 en la que para lograr cambios institucionales se utilizaron expresiones identitarias que permitían ganar legitimidad, y se evitó deliberadamente cuestionar de fondo a la cultura dominante y su lógica fuertemente binaria.
Por el contrario, en Uruguay la construcción de una política homosexual y la apropiación del paradigma de los derechos humanos fue compatible con la inclusión de las personas travestis y las locas, las que no se volvieron un "otro" en la organización. Si bien en Escorpio no participaron personas travestis y se siguieron de cerca las conceptualizaciones de la CHA (minimizar las diferencias y apostar a la integración), HU sí apeló a un discurso libertario que reivindicaba las di ferencias sin intentar estabilizarlas en una identidad social, escapando así de la tendencia internacional y regional de los años ochenta y de principios de los noventa, que apelaba a un uso estratégico de las identidades homosexual o gay y lesbiana para desarrollar la acción política.
Esta característica, que desde el presente podría ser interpretada como un intento de resistencia a la normalización, introdujo, sin lugar a dudas, una visión foucaultiana en el activismo uruguayo, casi paralela al surgimiento de la perspectiva queer en Estados Unidos. La diferencia sustantiva, fue que mientras en Estados Unidos las organizaciones queer se oponían a un movimiento gay lésbico fuertemente identitario que dejara entrever su tentación normalizadora, en Uruguay HU fue la organización más importante del período y trabajó en coordinación con grupos aun menores, en trayectoria y capacidad de convocatoria.
Esta particularidad, además de estar relacionada con la falta de una oportunidad política en el contexto uruguayo, también puede relacionarse a nivel más general con la existencia de un sistema político partidocéntrico, que establece la lealtad partidaria como eje dominante para otras adhesiones y pertenencias (Beisso y Castagnola 1987), lo que genera a su vez importantes barreras para el desarrollo de identidades sociales públicas y masivas. Esta característica, implicó que tanto Escorpio como HU tuvieran que lidiar con desafíos diferentes a los existentes en el caso porteño para convocar desde una identidad social particular, volviendo necesaria una impugnación general de la lógica de los "casilleros" (sobre todo en HU) y el desarrollo de marcos analíticos que buscaban no hacer hincapié en la identidad social.
Esta impugnación de los "casilleros" puede ser vista, entonces, como una adaptación estratégica a una realidad social concreta; una apuesta opuesta a la que desplegó la CHA, que aceptó estos "casilleros" y no interpeló el dispo sitivo de sexualidad.
Los integrantes de HU definieron su lucha en torno a lograr el reconocimiento de la existencia de diferencias (en forma no ontológica), y a generar un espacio social para ellas. Y esto implicaba rechazar cualquier aspecto disciplinante o normalizador en la acción militante. Cléver Velázquez, integrante de HU, en un debate sobre cómo llevar adelante el activismo en su organización, señalaba: "tenemos derecho a pavonearnos, a hacer alarde de nuestros gustos sexuales, o tirar plumas", ya que "Hacer buena letra es mentir, es transar con la injusticia, es perder la batalla antes de haber comenzado a luchar (Mate Amargo, 27 de septiembre de 1989:36).
Esta perspectiva generó en HU, en algunas ocasiones, el desarrollo estratégico de identity deployment (Bernstein 1997) de tipo crítico14, donde el objetivo fue cuestionar los presupuestos sociales que ligaban las identida des de género y las expresiones de género a la biología.
Esta ausencia de proyectos asimilacioncitas habilitó la integración de personas travestis a la organización, a quienes se las pensó como una forma particular de homosexualidad. En 1989, HU participó en el IV Congreso Uruguayo de Sexología y allí defendió su posición, señalando que la despatologización de la homosexualidad y su reconocimiento como una "variante sexual" incluía la posibilidad humana "de modificar su biología, por lo que los homosexuales travestis tienen derecho a la libre disposición de su cuerpo", y que cualquier discriminación a este tipo de trayectorias eran la reproducción de las "pautas estereotipadas de mujer y hombre impuestas con el fin de perpetuar el esquema social opresor vigente" (Los homosexuales hablamos de homosexualidad. HU, 20 de septiembre de 1989, Fondo Frontan, ASM).
Reflexiones finales
Durante los años ochenta, aparecieron en el espacio público argentino y uruguayo organizaciones que politizaron la identidad sexual. Estos grupos formularon demandas e instalaron debates sociales sobre su situación de subordinación social y los límites de los procesos de democratización en curso. El surgimiento de identidades políticas ligadas a la sexualidad, fue en ambos países una respuesta a la violencia policial y a la homofobia, donde se generaron discusiones sobre aspectos nuevos como el VIH-Sida, y otros comparativamente más viejos como el estatuto patológico o no de la homosexualidad.
De esta forma, se inició el lento proceso de impugnación de las visiones sociales estigmatizantes sobre la homosexualidad, al mismo tiempo que la desnaturalización de las formas de violencia que sufrían, a través de una progresiva extensión de categorías como discriminación y represión que originariamente no los incluían. La categoría "derechos humanos" y su articulación con el terreno de la sexualidad fueron decisivas en ese pro ceso, en la medida en que permitió ampliar la concepción de víctimas e introducir una gran cantidad de nuevos temas y problemas que hasta ese momento no eran visibles en el espacio público.
A su vez, si se tienen en cuenta las diferentes oportunidades existentes en ambos países para el desarrollo de una acción colectiva homosexual, se pueden comprender mejor las diferencias en los marcos interpretativos desarrollados por las organizaciones en cada lado del río. Los casos analizados, son un excelente ejemplo de cómo la construcción de códigos identificatorios en las organizaciones fueron el resultado de una definición interactiva y compartida, que hacía referencia tanto a las orientaciones de su accionar y de sus estrategias, como al ámbito de oportunidades y restricciones en el que estas tuvieron lugar.
En Argentina, la CHA desarrolló en forma pionera una relación entre derechos humanos y (homo)sexualidad que permitió interpretar la violencia policial homofóbica desde una nueva perspectiva. La predominancia de la violencia estatal, en este caso facilitó la vinculación entre los dos campos y la generación de formas de equivalencia entre distintos tipos sociales de víctimas (los perseguidos por razones políticas y los perseguidos por motivos morales). La CHA persiguió su reconocimiento en tanto ciudadanos, a través del desarrollo de una ciudadanía sexual que promovió tanto la creación de un nuevo sujeto político, como una serie de reclamos de derechos negativos en el espacio público.
A su vez, la oportunidad política para introducir cambios jurídicos, sociales y culturales con respecto a la situación de la homosexualidad, implicó que la reivindicación de la igualdad se desarrollara minimizando las diferencias entre homosexuales y el resto de la sociedad, con un discurso anclado en la asimilación que generó una paradoja irresoluble con consecuencias normalizadoras y travestofóbicas.
Este marco interpretativo influyó en las organizaciones uruguayas, pero en este caso su capacidad de resonancia fue mucho menor, ya que los derechos humanos no se volvieron un elemento fundante en la nueva democracia. A su vez, la existencia en Uruguay de un clima cultural y político moralmente más conservador que el porteño, sumado a la ausencia de una oportunidad política para introducir cambios en la nueva democracia respecto a la situación de los homosexuales, promovieron, especialmente en HU, una perspectiva desde la que se reivindicó la diferencia. La apuesta aquí fue a la construcción de una subcultura, de un espacio social propio, y se evitó el desarrollo de estrategias normalizadoras, lo que permitió la construcción de un "nosotros" más amplio, al que se integró a las personas travestis y sus reclamos.
A partir de estas caracterizaciones, los años ochenta se pueden considerar como el momento fundacional de la construcción de una política homosexual en ambos países. El hecho que todas las organizaciones homosexuales criticaran fuertemente la exclusión que enfrentaron en el movimiento de derechos humanos, y disputaran los alcances de este paradigma, pero que al mismo tiempo, en algunos casos, ejercieran políticas travestofobicas, además de estar relacionado con los contextos políticos y las estrategias desplegadas, tiene relación con la propia historicidad de los derechos humanos.
El discurso de los derechos humanos es imprescindible, pero no suficiente, ya que puede convivir con fuertes restricciones, como la reproducción de lógicas binarias. Como sugiere Butler (2006) los términos que en ocasiones permiten a un grupo alcanzar el reconocimiento en tanto seres humanos, son los mimos que privan a otros individuos de la posibilidad de lograrlo. Este artículo buscó, precisamente, analizar esta tensión en los casos aborda dos, a efectos de comprender los factores históricos configuracionales que generaron en la acción política tanto su exacerbación como su superación.
Referencias citadas
Acuña, C. y Smulovitz, C. 1995. Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional. En Juicio, Castigos y Memorias, C. H. Acuña; I. González Bombal, E. Jelin; O. Landi; L. Quevedo, C. Smulovitz, A Vacchieri, Nueva Visión, Buenos Aires. Pp. 19-100. [ Links ]
2Estos autores señalan que la historia política uruguaya es equivalente a la historia de sus partidos políticos, debido a su centralidad en la historia local, al extenso repertorio de funciones y tareas que desempeñan (equilibrios poliárquicos e involucramiento ciudadano de casi toda la población) y a la articulación operativa que tienen con otros actores (grupos empresariales, sindicatos, Fuerzas Armadas).
3La Ley 15.848 estableció que había caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados entre 1973 hasta el 1.º de marzo de 1985. A su vez, el artículo 3 disponía que los jueces elevaran todas las denuncias al Poder Ejecutivo para que este dictaminara si estaban comprendidos bajo la Ley de Caducidad, a efectos de ordenar su archivo si fuera el caso. El artículo 4 encargaba al Poder Ejecutivo la investigación de las denuncias relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones.
4Las primeras organizaciones homosexuales en la región surgieron en Argentina, a fines de los sesenta: el grupo Nuestro Mundo en 1967 y el Frente de Liberación Homosexual (FLH) en 1971, ambos grupos desaparecieron con el golpe de Estado en 1976. Durante la democracia alfonsinista se crearon también el Grupo Autogestivo de Lesbianas (GAL) en 1986 y Cuadernos de Existencia Lesbiana (Cuadernos) en 1987, grupo que a partir de 1992 pasó a ser mucho más numeroso y a llamarse Convocatoria Lesbiana.
5En 1986 se creó en Montevideo el grupo Somos, pero fue una organización que no tuvo una vida mayor a los seis meses.
6Entre los edictos policiales de la Policía Federal se encontraba el de Bailes Públicos, que prohibía que dos personas del mismo sexo bailaran juntas y recalcaba que eran punibles “los que se exhibieran en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario” (artículo 2, inciso f), y “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal” (artículo 2, inciso h). Por su parte, el artículo 207 de Procedimientos Especiales versaba explícitamente sobre los homosexuales y autorizaba a detenerlos en el caso que se reunieran en casas o locales. También en la Orden del Día del 15 de junio de 1932 el inciso i señalaba la posibilidad de detener a sujetos conocidos como pederastas si estaban en compañía de menores de 18 años. Por último, la Ley de Averiguación de Antecedentes de 1958 facultaba a la Policía a detener a cualquier ciudadano por 48 horas, a los únicos efectos de su identificación. Esta también fue una de las normas más utilizadas para reprimir a los homosexuales. Para un análisis de los efectos de esta normativa véase Meccia (2006) y Sabsay (2011).
7La CHA señaló en repetidas oportunidades que los edictos policiales fueron ratificados por el Decreto 17.189 en 1957, pese a que ese mismo año fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (17/5/1957).
8De hecho, la CHA realizó una única manifestación pública fuera de este espacio social, simbólico y político: el 14 de noviembre de 1986 organizó una concentración frente a la Catedral para protestar contra los documentos eclesiásticos aprobados por Juan Pablo II. A la manifestación asistieron unas cien personas y la prensa cubrió ampliamente la noticia, se destacaron en las fotos las personas que concurrieron con máscaras sobre las que no la usaban.
9De todas formas, este proceso no estuvo exento de retrocesos. Por ejemplo, en la revista Postdata se señala que se suspendió una actividad conjunta entre la CHA y la APDH debido al “panorama interno de la institución, que si bien esta había votado tratar la problemática de la homosexualidad por considerarla dentro de la lucha por los derechos humanos, aún subsistían inconvenientes internos en cuanto a cómo encarar el tema” (Postdata año 1 nº 2, 1984:7).
10Cesar Cigliutti (1957-2020) era licenciado en Letras, militó en la CHA durante los ochenta, se fue de la organización y participó en la fundación de Gays DC. En 1997 regresó a la CHA y fue su presidente a partir de 2014 hasta su fallecimiento.
11Pese a que la CHA entregó una carpeta de presentación de su organización a la Conadep (Boletín de la CHA nº 2, diciembre de 1984:1), la existencia y acciones de los “comandos” de Moralidad y Cóndor, la detención, tortura y maltrato de homosexuales durante la dictadura, las razzias y los “asesinatos a homosexuales” no fueron objeto de análisis de la comisión. A su vez, Bazán (Página 12, 5 de mayo de 2004:15), Rapisardi y Modarelli (2001:213) y Anabitarte (2008:242) señalan que el dirigente de la CHA, Carlos Jáuregui, habría recibido la confirmación por parte del rabino Marshall Meyer de que cuatrocientos casos de homosexuales detenidos-desaparecidos durante la dictadura no se habían incluido en el informe de la Conadep por la presión del ala católica de la apdh. Sin embargo, Jáuregui nunca confirmó esta información públicamente. En 1995, el informe “Violaciones de derechos humanos y civiles en la República Argentina basadas en la orientación sexual de las personas y de las personas viviendo con VIH-Sida” (3ª ed., diciembre de 1995) volvía sobre este problema: “el aspecto más difícil de documentar relacionado con la situación de los homosexuales durante la dictadura militar, es todo lo concerniente a la desaparición forzada de personas. No existe información suficiente para afirmar que alguna persona haya sido secuestrada y desaparecida por su orientación sexual”. Sin embargo, el párrafo concluye, en referencia a la conversación entre Jáuregui y Marshall Meyer sobre la existencia de cuatrocientas homosexuales desaparecidos no incluidos en el “Nunca Más”, recalcando que “Meyer aseguraba haber recibido testimonios de ex detenidos-desaparecidos que informaban sobre la existencia de violaciones y maltratos crueles en contra de personas gays y lesbianas o quienes, a los ojos de los represores, parecían gays o lesbianas”. El tema ha sido retomado recientemente por varios historiadores que abordan la relación entre la última dictadura civil-militar, homosexuales y travestis: véase Insausti (2015), Prieto (2017) y Theumer, Trujillo y Montero (2020).
12Pablo nació en 1961, es auxiliar administrativo y militó en Escorpio durante varios años.
13Según Bernstein (1997:535-538) el concepto de identidad en el terreno de la acción colectiva incluye tres dimensiones analíticas: la “identity for empowerment”, una identidad colectiva compartida necesaria para la movilización en todos los movimientos sociales (que en general no es escogida ni estratégica), la “identity as goal” donde la acción de una organización se centra en buscar reconocimiento para una identidad hasta ese momento estigmatizado, o deconstruir categorías sociales restrictivas. Y, por último, las “identity deployment”, donde las expresiones de identidad son una estrategia política a nivel colectivo que busca lograr tanto un cambio institucional ganando legitimidad sin cuestionar las normas y valores de la cultura dominante (“identity for education”), o transformar la cultura, sus categorías, prácticas y valores mediante una confrontación abierta (“identity for critique”).
14Bernstein (1997:538) las define como “Identity for critique confronts the values, categories, and practices of the dominant culture”.
1 En este artículo se optó por utilizar el término (homo)sexualidad para señalar, como se hizo en la época, que los reclamos y análisis de la CHA incluían al mismo tiempo a la sexualidad en general y en particular a la homosexualidad.
Recibido: 21 de Enero de 2022; Aprobado: 27 de Enero de 2023
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